REPORTAJE | A finales de noviembre de este año, el Consejo de Gobierno de Canarias acordó comenzar la elaboración del proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que pretende actualizar la legislación vigente e incentivar a una mayor implicación de las personas. Esta iniciativa ha puesto de nuevo sobre la mesa a las leyes de transparencia españolas, tanto a la normativa general, que es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como a sus homólogas autonómicas. Este hecho ha motivado a cuestionarse si el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG),  a diez años de la aparición de la Ley principal, está cumpliendo con lo prometido.

Las leyes de transparencia son herramientas clave para garantizar el acceso ciudadano a la información pública, promoviendo la rendición de cuentas y previniendo la corrupción. En España, la Ley 19/2013 obliga a las administraciones a publicar datos relevantes y responder solicitudes de información. A esto se suman las leyes autonómicas, que adaptan y amplían estas disposiciones según las necesidades de cada comunidad. Así, fortalecen una gestión más abierta y cercana a los ciudadanos.

Un comienzo tardío

Periodistas y agentes sociales están en desacuerdo con las solicitudes rechazadas y los tiempos de respuesta por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Juan José Mateo, periodista de El País, explica que, en su experiencia con los portales de transparencia de las comunidades autónomas, es común que las administraciones esperen hasta el último momento para responder, lo que obliga a los solicitantes a esperar al menos un mes para obtener una respuesta oficial. Este retraso en la entrega de información es común entre los usuarios que intentan acceder a datos a través de estos portales.Otros motivos son la ambigüedad de los preceptos y su baja capacidad sancionadora. Conviene, por ello, preguntarse sobre el grado de satisfacción ciudadana.

A diferencia de los principales países europeos que cuentan con una amplia trayectoria en transparencia, España lleva solo diez años de aterrizaje. Fue en el 2013 cuando se aprobó la disposición legal por el Partido Popular.

La transparencia en el plano internacional se remonta a 1993 con Portugal y la aprobación de su ley de transparencia. En el mundo anglosajón, la iniciativa la encontramos en el Freedom of Information Act de los años 2000, 1966 y 1982 del Reino Unido, Estados Unidos y Australia, respectivamente. Con la creación del resguardo legal, surgió la necesidad y la obligación de implementar portales y observatorios. Plataformas para poner a disposición de los ciudadanos toda la información pública disponible y que, de esta manera, puedan “reutilizar” el contenido, es decir, que personas físicas o jurídicas puedan utilizar datos públicos con fines comerciales si así desean.

Portales a medida del ciudadano, ¿o no?

Con el pistoletazo de salida en el 2013, aterrizaron los portales y observatorios para fomentar la cultura de transparencia y crear un punto de encuentro para el traspaso de los datos abiertos. No obstante, ¿qué son los datos abiertos y por qué son el átomo de este núcleo legal? Sergio Sangiao, periodista de datos e investigación del diario Público lo cuenta. 

Sin embargo, la utilidad de un portal radica, además de en la facilidad para pedir información, en el porcentaje de solicitudes aceptadas, rechazadas o con resoluciones que no responden a la pregunta original. Según The Objective, el Portal de Transparencia denegó hasta 214 peticiones en el primer semestre de 2024, una cantidad que ha superado las 171 solicitudes rechazadas en el mismo periodo de tiempo en el año pasado. Una tendencia que se agravó con la pandemia (en 2022 llegó casi a las 300 solicitudes) y que los periodistas temen que esté en alza en 2025.

Por otra parte, los observatorios de transparencia son organismos que, a diferencia de los portales, no almacenan datos de interés público. Su labor principal es el de promocionar el uso de los portales, así como de formar en materia de transparencia y acceso a los datos. El Observatorio Valenciano de Datos Abiertos y Transparencia divulga la cultura de esta materia a través de la formación, la realización de actividades y el constante contacto con los organismos públicos. Antonia Ferrer, directora del Observatorio, profundiza en las funciones de la entidad.

Una puerta entreabierta de posibilidades

El periodismo de datos es una especialidad en auge en el mundo del periodismo hispano, mientras que en facultades anglosajonas se enseña desde hace más de una década. El gran volumen de datos que se genera ha obligado a la actualización urgente de esta profesión. La ciencia empezó a pisar los talones de los «hombres de letras» y, con ello, aplicaciones informáticas como Python, SQL y Tableu se hicieron presentes en el mundo periodístico. Para Sandra Crucianelli, periodista de datos de referencia, los principales productos que los periodistas y medios de comunicación pueden obtener y, por lo tanto, ofrecer, son artículos, visualizaciones, conjuntos de datos abiertos y aplicaciones de noticias.

Si bien las posibilidades para el periodista son ilimitadas, el panorama se complica a la hora de conseguir la materia prima, que son los datos. Esto puede observarse en la actitud de la CTBG. El organismo evaluó este año la publicidad activa de las entidades públicas, es decir, su obligación de poner a disposición la información. Además, posicionó el índice medio de transparencia de estas entidades en un 45%. Entonces ¿hasta qué punto el Portal de Transparencia supone para el periodista un alivio a la búsqueda de respuestas para cumplir con su deber con el ciudadano?

Sergio Sangiao explica cómo es la relación real de un periodista de datos en activo con el Portal de Transparencia. Todo esto en términos de cercanía, utilidad y opacidad.

Una ley que se quedó a medio camino

La Ley 19/2013 ha recibido numerosas críticas desde el lado académico y periodístico. Según un estudio de Ester Appelgren y Ramón Salaverría, académicos de la comunicación, los periodistas desconfían del poder legislativo. Desconfían a la hora de exigir a las autoridades públicas ser transparentes e impulsar la publicidad activa. Esta falta de confianza limita la efectividad de cualquier ley de transparencia. Así, los periodistas luchan por acceder a información que debería ser pública.

Todo periodista de datos conoce las ventajas y límites de una ley de transparencia. Sin embargo, su relación con la normativa no es clave en el desarrollo de sus funciones. Existe un vínculo opaco entre ambas figuras. La desconfianza por un lado y la falta de acción por otro han llevado a que el nivel de transparencia española no supere el 50%. A diferencia de España, otras leyes de la misma materia, como la chilena, incluyen sanciones claras por incumplimiento.

Desafíos en las comunidades autónomas

La baja capacidad sancionadora de la Ley y las particularidades de cada territorio han llevado a que cada Comunidad Autónoma tenga su propia disposición legal. Estas leyes intentan cubrir los vacíos legales y mejorar la participación ciudadana. Sin embargo, su eficacia varía según la región. Antonia Ferrer explica en detalle las leyes autonómicas, con énfasis en la valenciana. La transparencia, un tema aún pendiente pues cada comunidad lucha por su propio modelo.

Si damos un mirada exprés de cómo han sido estos años se puede afirmar que el trayecto de la transparencia ha sido tedioso. La creación de la Ley inició su lucha con la Coalición Pro Acceso en 2006, un organismo que reunió a más de veinte ONG. El objetivo fue educar en temas de transparencia a la población. Por otro lado, los partidos coquetearon con la posibilidad de redactar la Ley y estuvieron algunos años pasándose la pelota a través de promesas en propuestas electorales y mítines.

¿Es la Ley 19/2013 un obstáculo o aliciente para el periodismo de datos en España? Los pocos cambios que ha tenido en este tiempo pretende demostrar la satisfacción de los poderes políticos. Sin embargo, los periodistas, al parecer, se inclinan más por la primera opción.