REPORTAJE | En el actual ecosistema digital, la circulación de la información se ha convertido en un asunto prioritario en las agendas legislativas internacionales. Las plataformas digitales han transformado radicalmente la manera en que las personas acceden, consumen y difunden contenido. Sin embargo, este nuevo escenario también ha generado desafíos jurídicos, sociales y tecnológicos que afectan directamente a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección frente a la desinformación. En este contexto, la regulación digital y libertad informativa en Europa se han convertido en temas clave

Desde distintos ámbitos del periodismo, tanto académico como profesional, también se reflexiona sobre estos retos. Jóvenes periodistas como Carmen Burné, directora, editora y redactora en El Generacional, recuerdan que el compromiso con la verdad sigue siendo esencial incluso en escenarios marcados por la incertidumbre digital.

En respuesta a estas problemáticas, la Unión Europea ha aprobado recientemente dos instrumentos normativos clave: la Ley de Servicios Digitales (DSA), vigente desde 2022, y el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), adoptado en 2024.

A continuación, se exploran estos instrumentos y las tensiones que surgen en su aplicación, con aportaciones de expertos en derecho y comunicación.

El EMFA y la independencia de los medios

El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación tiene como objetivo reforzar la independencia editorial y evitar la concentración mediática excesiva. Además, promueve la transparencia en la propiedad de los medios y establece medidas para garantizar que no haya injerencias políticas o económicas en los contenidos.

David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en Derecho de la Comunicación, considera que este reglamento representa un avance significativo, aunque matiza:

“El problema puede estar en cómo los diferentes gobiernos de la Unión Europea lo apliquen, ya que podrían utilizar mecanismos indirectos, como la publicidad institucional, para condicionar a los medios”.

David Ortega

Por su parte, María Pérez, profesora titular de Derecho Constitucional en la misma universidad y directora del Título sobre implicaciones legales en Inteligencia Artificial, coincide en que el EMFA establece un marco regulador necesario, pero advierte sobre sus posibles vulnerabilidades: “Su eficacia dependerá de cómo se lleven a cabo las acciones para evitar abusos, especialmente en lo relativo a las excepciones por seguridad nacional y a la adaptación a las nuevas tecnologías”. Uno de los riesgos más evidentes, subraya, es el uso político del concepto de “seguridad nacional” para limitar la libertad de prensa.

La DSA: control de la desinformación sin ahogar la libertad

La Ley de Servicios Digitales, en vigor desde 2022, busca garantizar un entorno digital más seguro. Entre otras medidas, obliga a eliminar contenidos ilegales, exige transparencia algorítmica y regula la publicidad en línea.

Según Ortega, aunque la iniciativa es positiva, existen limitaciones prácticas: “Es un buen intento, pero tengo dudas de que el derecho hoy por hoy tenga herramientas suficientes para controlar a las grandes plataformas a nivel mundial”.

“Es un buen intento, pero tengo dudas de que el derecho hoy por hoy tenga herramientas suficientes para controlar a las grandes plataformas a nivel mundial”.

David Ortega

Pérez amplía el análisis y pone el foco en el papel de los algoritmos durante fenómenos como la pandemia: “Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar la participación, pueden priorizar contenido que genera reacciones fuertes, lo que incluye noticias falsas o sensacionalistas”. La regulación, asegura, no puede por sí sola resolver el problema:

“No hay recetas mágicas, ni esta regulación las contiene. Dependerá de cómo se implementen”.

María Pérez

Ambos expertos coinciden en que el reto central será encontrar un punto de equilibrio. Como concluye Pérez: “La clave está en aplicar principios como la transparencia, la protección de derechos y la proporcionalidad. Hay que evitar tanto la censura excesiva como la inacción frente a amenazas reales para la democracia”.

El caso WikiLeaks: entre el periodismo y la seguridad nacional

En este sentido, la profesora Pérez ve el caso como una manifestación de la tensión entre transparencia y seguridad. Ella recuerda que la propia Unión Europea ha expresado su preocupación por el trato a Assange, a quien considera un preso político.

“La UE ha pedido a EE. UU. que reforme urgentemente la Ley de Espionaje para excluir su aplicación a periodistas o denunciantes”

María Pérez

Carmen Burné también reflexiona sobre el dilema entre el derecho a informar y la protección legal de los periodistas en estos escenarios. Para ella, el compromiso con la verdad debe mantenerse firme, pero con garantías.

El control de la información: el papel de las plataformas, las leyes y los usuarios

Las plataformas digitales, junto con sus algoritmos, tienen una gran influencia sobre qué contenidos se difunden y cuáles no. Ortega destaca que este poder plantea serios desafíos, especialmente cuando los usuarios son anónimos o utilizan cuentas falsas para difundir información. “Si un usuario no está identificado, es difícil establecer responsabilidades. El anonimato complica la rendición de cuentas”, afirma.

Para Pérez, además de la regulación institucional, es fundamental fortalecer la capacidad crítica de los usuarios.

«Sin alfabetización digital, las normativas pueden ser insuficientes. La educación mediática es clave para que los ciudadanos puedan identificar información fiable y distinguirla de la desinformación»

María Pérez

¿Una norma protectora o una puerta a la censura?

Las nuevas normativas europeas, como la DSA y el EMFA, han sido recibidas con optimismo por algunos expertos, pero también con cautela. La implementación de estas regulaciones dependerá en gran medida de cómo se lleve a cabo a nivel nacional. La lucha por mantener un equilibrio entre el control de la desinformación y la protección de los derechos fundamentales no es sencilla.

Como señala Pérez, la combinación de principios fundamentales es crucial: “La clave de la regulación está en la combinación de transparencia, protección de derechos, proporcionalidad en la intervención y en una mayor educación de la llamada ‘alfabetización mediática’”. Sin embargo, también advierte que no todas las soluciones se encuentran en las leyes, sino que el reto está en cómo se implementan en la práctica.

Reflexiones finales

Las leyes europeas sobre servicios digitales y libertad de los medios representan un intento de establecer un equilibrio entre la protección de derechos y la regulación de la información en un entorno digital. La DSA, al centrarse en las grandes plataformas, y el EMFA, con su enfoque en la independencia de los medios, abren un debate esencial sobre los límites de la libertad informativa en un mundo cada vez más digitalizado.

Si bien estas normativas ofrecen un marco legal relevante, su éxito dependerá de su implementación y de la capacidad de las instituciones europeas para evitar abusos. La cuestión central será cómo equilibrar la regulación sin caer en excesos, protegiendo tanto la libertad de expresión como el derecho a una información veraz y plural.