OPINIÓN | Google News, el servicio de agregación de noticias de Google, volvió a España este verano tras ocho años de ausencia. Su regreso es un paso en la dirección correcta para el periodismo en su lucha por proteger la propiedad intelectual de sus autores en las plataformas digitales. Amparados por una nueva legislación, los periodistas son libres de negociar individual o colectivamente con las tecnológicas el uso de sus contenidos y pactar una remuneración diferente al económico.

Pese a que la relación con Google es hoy bastante más favorable para el periodismo, todavía persiste un pequeño grupo dentro de la prensa digital que se muestra muy crítica con los avances conseguidos. Creen que los medios se han doblegado a los intereses de las tecnológicas, conformándose con un pequeño trozo del pastel publicitario. Además, advierten de un problema más grave que estaría de fondo. A saber, el enorme poder adquirido por las tecnológicas en nuestra sociedad, que les ha permitido competir con las autoridades públicas.

Para entender el punto de vista de los críticos, es necesario echar la mirada atrás y ver cómo se fraguó el retorno de Google News a España. Esta historia comienza a escribirse en 2019, con la aprobación de la Directiva Europea 2019/790 de derechos de autor. En ella se incorpora la obligación de las plataformas tipo Google y Facebook de pagar una contribución justa a los medios digitales por el uso de sus contenidos. Este derecho de los editores de prensa incluye los contenidos usados en los agregadores y los resultados de búsqueda.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual da marcha atrás a la tasa Google

Aunque con cinco meses de retraso, en noviembre del año pasado el Gobierno de España finalmente reformó la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para adaptarla a la directiva europea. En este proceso, llevó a cabo algunas modificaciones a fin de adecuar la nueva normativa al panorama nacional. Si bien su esencia sigue siendo reforzar los derechos de los medios y sus autores frente a las grandes tecnológicas, se evitó definir una forma concreta de gestionar estos derechos.

En este sentido, la reforma de la LPI ya no obliga a las tecnológicas a remunerar económicamente a los medios. Juan Zafra, director general del Club Abierto de Editores (CLABE) —uno de los más importantes en España pues representa a 168 grupos editoriales—, explica que en las negociaciones, los medios ahora «pueden decidir si cobrar o no, aunque lo lógico es que cobren». Esta negociación, además, ya no tiene por qué hacerse necesariamente a través de entidades de gestión colectiva como CEDRO, abriéndose la posibilidad a la negociación individual.

Estos cambios suponen un desarme completo de la Ley de Propiedad Intelectual del 2014, que en su momento fue el detonante para que Google News decidiera hacer las maletas e irse de España. El director general de CLABE aclara que el núcleo de la ley del 2014 consistía en la creación de un derecho «irrenunciable» de los editores a recibir una compensación económica —la conocida ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’— de parte de los agregadores de contenidos por indexar y reproducir su información. Y, dado que este era un derecho compartido por los periodistas, la negociación entre los medios y las plataformas debía hacerse mediante entidades de gestión colectiva.

Google News España puede negociar directamente con los medios

En un inicio, la prensa en su mayoría recibió con entusiasmo la LPI del 2014. Motivos no le faltaban; las previsiones apuntaban a una recaudación de unos 80 millones de euros anuales a repartir entre la prensa. Sin embargo, más pronto que tarde, la aplicación de la tasa Google demostró ser un proyecto fallido. Y es que, según informó el diario El Español, en sus cinco primeros años de vida, nunca llegó a recaudar más de 10.000 euros por año.

Los factores que explican este fracaso son varios. El más evidente es el cierre inesperado de Google News cuando este suponía una fuente de ingresos importante en la previsión realizada. Además, todos los agregadores salvo Upday se negaron a pagar las cuotas, prefiriendo en algunos casos ir a juicio. Lo único que consiguió la ley del 2014 fue reducir un 11% el tráfico de los medios, afectando principalmente a las pequeñas editoriales y provocando un déficit económico de 9 a 18 millones de euros anuales.

La reforma de la LPI suprime tanto el derecho irrenunciable del editor como la gestión obligatoria por parte de terceros que caracterizaba a la anterior normativa. Si bien gran parte de la prensa calificó esta decisión de un acierto, un sector minoritario se opuso. Uno de los que más alzó la voz fue el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). En su opinión, los autores están indefensos frente a los intereses de las tecnológicas sin la gestión colectiva, siendo este el único medio para proteger sus derechos.

Facebook ocasiona un apagón informativo en Australia en protesta por la nueva normativa

Esta crítica puede tomarse como válida si tenemos en cuenta el enorme poder que actualmente ostentan las tecnológicas. Su verdadera dimensión logró verse en Australia, cuando el gobierno quiso implementar lo que hasta ahora es la normativa más ambiciosa en materia de propiedad intelectual en Internet. El gran salto de la ley consistía en la imposición de un arbitraje obligatorio en caso de que las plataformas y los medios no alcanzaran un acuerdo.

Facebook, a modo de protesta, prohibió que en su plataforma se compartieran noticias durante cuatro días en Australia. Con este movimiento de poder, Facebook intentaba presionar al Gobierno australiano a que reconsiderara su decisión y se sentara a negociar con ellos. Finalmente, la tecnológica se salió con la suya y la ley fue reformada tomando en cuenta sus necesidades y las del resto de plataformas.

Por experiencias de este tipo es que existe la duda fundada de si los medios, especialmente los más pequeños, realmente pueden negociar de tú a tú con gigantes como Google. La clave, tal y como señala Juan Zafra, está en que la nueva LPI ofrece alternativas. «Si el medio tiene recursos y se considera capacitado para negociar uno a uno con las plataformas digitales, entonces puede hacerlo», explica. Los medios pequeños, en cambio, tienen la opción de «hacerlo a través de las entidades colectivas».

Europa prepara nuevas leyes para hacer frente a las tecnológicas

Así como los críticos se equivocan al desmerecer los avances conseguidos, es igual de erróneo creer que el trabajo ya está hecho. La protección de la propiedad intelectual en Internet es una materia en constante evolución. Por ello, Europa ha aprobado recientemente dos nuevas normativas: la Ley de Servicios Digitales (DSA/DMA) y la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. La única forma de corregir los desequilibrios del mercado digital es mediante acuerdos, sean estos de «reformas legislativas o acuerdos bilaterales que garanticen, sobre todo, el buen funcionamiento de la democracia», apunta Zafra.

La preservación de la democracia es, precisamente, el mandato sobre el que debe constituirse cualquier negociación futura. Un Estado democrático no puede ser tal sin una prensa libre de injerencias económicas y editoriales. La defensa de los derechos de los periodistas es también una ofensiva contra los poderes que buscan domesticarla, como parece ser el objetivo de las tecnológicas. La prensa libre nació con la creación de la propiedad intelectual, ya que esta le permitió al periodista independizarse de su mecenas.

Los críticos tienen razón al advertirle a los medios de que sentarse en una misma mesa con las grandes plataformas no implica desistir en la tarea de señalar sus contradicciones. Sobre cómo, por un lado, recurren a la libertad de expresión para defender sus actividades de las regulaciones, y, por el otro, no dudan en socavar los mismos derechos que dicen proteger cuando sus intereses son afectados. Solo si se cumplen estas condiciones, la llegada de Google News a España será una buena noticia.