ENTREVISTA | El reciente fallo en el caso Hachette vs. Internet Archive ha abierto un nuevo capítulo en el eterno debate sobre el equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho al acceso a la información. En marzo de 2023, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la gran biblioteca digital infringió derechos de autor al escanear y distribuir virtualmente copias de libros.

Internet Archive es un sitio web sin ánimo de lucro que se dedica a hacer escaneos de libros para su preservación en el ciberespacio.

El juez John G. Koeltl sentenció que esta práctica no suponía un «uso justo» para las editoriales, poniendo fin a un conflicto que comenzó en 2020, durante la pandemia de COVID-19. La biblioteca virtual perdió la apelación en septiembre de 2024. La controversia surgió cuando Internet Archive lanzó su «Biblioteca Nacional de Emergencia» (NEL, por sus siglas en inglés).

Esta iniciativa eliminó las listas de espera para acceder a libros digitalizados, permitiendo a los usuarios consultar miles de obras sin las restricciones de préstamo habituales. La idea era clara: proporcionar acceso a la cultura y la información en un momento de confinamiento global, cuando muchas bibliotecas físicas estaban cerradas.

Sin embargo, esta medida no fue bien recibida por los gigantes editoriales. Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons y Penguin Random House demandaron a Internet Archive argumentando que la digitalización masiva y la distribución de obras completas sin autorización dañaban su mercado. En su defensa, Internet Archive sostuvo que su proyecto estaba amparado por el principio de «uso justo» (fair use), pero el tribunal rechazó esta interpretación.

El profesor Sergio Príncipe, experto en Políticas de Información y Comunicación en la Universidad Europea, reflexiona sobre el impacto de este fallo. A su parecer, las editoriales no interpretaron esta maniobra como un gesto altruista, sino como una amenaza directa a su modelo de negocio, por lo que, en lugar de lanzar sus propias propuestas para facilitar el acceso, optaron por judicializar el caso.

La sentencia, según Príncipe, subraya una dicotomía problemática: por un lado, protege a los autores y editores al garantizar que sus obras estén amparadas legalmente, pero por otro lado, pone trabas a iniciativas que buscan democratizar el conocimiento.

«A la hora de la verdad, habrá que buscar un punto de encuentro que aúne los intereses de los grupos editores que dicen defender a los autores; habría que preguntarles a los autores después y a estas bases de datos sin ánimo de lucro que tienen como fin […] poner a disposición de un público universal un contenido universal que beneficie a una sociedad en general», argumenta el académico.

El caso no solo ha tenido repercusiones legales, sino también simbólicas. Para organizaciones como Internet Archive, que trabajan sin ánimo de lucro para preservar el acceso al conocimiento, este fallo podría limitar futuras iniciativas y podría sentar un precedente que desincentive la digitalización y distribución de contenidos por parte de instituciones educativas y bibliotecas.

En un momento en el que la información fluye rápidamente, pero su acceso sigue siendo desigual, este caso invita a reflexionar: ¿hasta qué punto las leyes de propiedad intelectual están alineadas con las necesidades de la sociedad contemporánea?

Las limitaciones del periodismo de investigación en el marco de las leyes de propiedad intelectual

El periodismo de investigación, piedra angular de las sociedades democráticas, enfrenta desafíos únicos en un entorno legal cada vez más restrictivo. Las leyes de propiedad intelectual, diseñadas para proteger las obras y derechos de los creadores, también pueden obstaculizar el acceso a documentos y fuentes cruciales para la labor periodística.

Este dilema se refleja claramente en el contexto de casos como Hachette vs. Internet Archive y las implicaciones más amplias que este fallo tiene sobre el acceso a la información. Aunque, según el profesor Sergio Príncipe, estas limitaciones no deberían ser un obstáculo insalvable para los periodistas.

El especialista sostiene que «el periodismo de investigación, a priori, no tendría por qué tener un problema en esto«, ya que su labor se basa en el acceso a fuentes, información y documentación. El verdadero reto radica en contrastar y verificar la veracidad de los documentos obtenidos.

En cuanto a las restricciones de derechos de autor, Príncipe argumenta que estas no comprometen significativamente la labor del periodista de investigación.

«Si tú eres mi empresa editora, mi redactor jefe, mi editor, y me has encargado de una investigación y yo lo estoy haciendo para el medio, tendrás que pagar«, afirma Príncipe. Por lo tanto, las barreras son más de índole económica que legales.

Derecho de cita

El derecho de cita es una herramienta fundamental que permite a los periodistas utilizar fragmentos de obras ajenas con fines informativos, siempre que se reconozca la autoría y se cumplan ciertos requisitos.

Sin embargo, Príncipe señala que en España no se ha sido «muy meticulosos y muy protectores con esa idea». Destaca la importancia de la cortesía y la elegancia periodística al citar fuentes, enfatizando que es esencial reconocer el trabajo previo de otros medios o autores.

«Lo que no puedo hacer es que si me he enterado por algo, por tu medio o por tu publicación, cuando yo la reutilizo para avanzar en aquello que tú has publicado, omitir que lo has hecho tú antes», subraya.

La falta de rigor en la aplicación del derecho de cita y el respeto entre profesionales ha llevado a prácticas cuestionables en el ámbito periodístico español.

Príncipe critica que, en comparación con la cultura sajona, en España «hemos sido muy poco respetuosos con eso». Esta falta de respeto mutuo dificulta la exigencia de un trato justo y ético en la profesión.

Propuestas para un equilibrio justo entre derechos de autor y acceso a la información

El equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el derecho del público a estar informado es una cuestión compleja que requiere soluciones innovadoras y colaborativas.

El profesor Sergio Príncipe enfatiza la necesidad de establecer acuerdos saludables entre las organizaciones periodísticas y los autores para lograr este equilibrio.

Sin embargo, señala que en España «lo que está sucediendo hoy día no es un acuerdo sano», ya que existen «profesionales infrapagados, profesionales a los que se les fagocita sus propios derechos».

Para abordar esta problemática, es esencial que las organizaciones periodísticas y los autores establezcan relaciones laborales justas y transparentes.

Príncipe destaca que, en el ámbito sajón, cuando se elabora una noticia o un reportaje, «el lector sabe quién ha sido el redactor, quién ha cooperado en la producción de ese reportaje, quién ha sido el fotógrafo, quién ha hecho una tarea de background para que el periodista pueda hacer todo ese artículo».

Esta práctica de reconocimiento colectivo del trabajo es menos común en España, donde «muchas veces todo ese trabajo no aparece si se firma».

La implementación de modelos de acceso equitativo a la información también es fundamental. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las excepciones y limitaciones al derecho de autor, como el derecho de cita, son mecanismos tradicionales para equilibrar los derechos de los autores con el acceso a la información.

Estas excepciones permiten la difusión de información periodística, citas, crítica e investigación científica sin necesidad de autorización previa, siempre que se respeten ciertos criterios.

Además, es crucial fomentar una cultura de respeto hacia los derechos de autor dentro del periodismo. Príncipe subraya que «lo que no puede ser, evidentemente, es la apropiación del trabajo de otros […], porque eso es un delito más que nada».

Precariedad en el periodismo

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) destaca que uno de cada tres periodistas en España tiene condiciones laborales precarias, lo que influye directamente en su capacidad para acceder a fuentes y documentos fundamentales para la labor periodística.

Ante esta realidad, es urgente fortalecer los derechos laborales y promover un entorno en el que los profesionales puedan desarrollar su trabajo de manera ética y efectiva. «Lo que se trata es que si yo estoy bien y el medio está bien, ganamos ambos», añade Príncipe.

Es decir, un sistema en el que tanto las empresas como los profesionales puedan beneficiarse de un entorno más transparente y justo.

Finalmente, las políticas públicas deben desempeñar un papel activo en la creación de un equilibrio entre los derechos de autor y el acceso a la información.

Esto incluye la implementación de excepciones y limitaciones al derecho de autor que respalden el trabajo periodístico, como el derecho de cita, y el financiamiento de plataformas de acceso abierto a contenidos protegidos en contextos excepcionales.

Excepciones en el copyright

Un ejemplo de este enfoque es la propuesta de la Comisión Europea para ampliar las excepciones al copyright en el ámbito educativo y periodístico. Estas medidas buscan armonizar las necesidades de los autores con el derecho del público a la información, una iniciativa que podría servir de modelo para otros contextos.

El papel de los periodistas y las organizaciones mediáticas en la lucha por un acceso equitativo a la información es fundamental, pero no puede desvincularse de la necesidad de mejorar las condiciones laborales y fomentar una cultura de respeto y colaboración.

Al reconocer la interdependencia entre los derechos de autor y el acceso a la información, es posible construir un sistema mediático más justo y transparente, en beneficio tanto de los creadores como del público.